Esperanza G. lleva 12 meses y 29 días privada de su libertad por el delito de cohecho. El 24 de noviembre del 2015, el Tribunal Penal de la Corte Nacional la declaró culpable y la sentenció a tres años de prisión. Sin embargo, en abril de este año la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ)aceptó a trámite los recursos de apelación y esa sentencia no ha podido ser ejecutada.
Por eso Esperanza G. sigue figurando como legisladora y ha cobrado durante este tiempo su salario mensual de USD 5 009, correspondiente a la partida presupuestaria 510105.540. Así consta en la página web de la Asamblea Nacional. Galván se ha excusado de las sesiones del Pleno y de la Comisión de Desarrollo Económico. Hasta mayo fue reemplazada por su alterno Pablo De La Torre. Pero él no pudo seguir supliéndola ya que fue designado Coordinador del MIES en Esmeraldas. El 7 de junio la Secretaría General de la Asamblea convocó a Nancis Bazurto, quien según los registros del Consejo Nacional Electoral (CNE) debía tomar las labores de alterna, por un orden sucesivo en la lista de los más votados en Esmeraldas. Desde ese día, Bazurto ha asistido a cuatro sesiones del Pleno y dos de la Comisión. Por cada asistencia recibe USD 166 más USD 120 por un bono de transporte.
Es decir, en total recibió USD 1 716. Bazurto prefiere no emitir juicios de valor sobre el pago que recibe. “Justo o no, es lo que está estipulado. Se está tratando de que hayan cambios en la Ley Orgánica Legislativa”, dijo ayer en una entrevista con este Diario. Santiago Guarderas, abogado constitucionalista y socialcristiano, explica que no hay una razón legal para que Esperanza G. siga cobrando su sueldo. Menciona que su condición de asambleísta la puede conservar siempre y cuando goce de una licencia sin remuneración, que según el artículo 112 de la Ley de la Función Legislativa debe ser otorgada por el Pleno del organismo.
Caso contrario “debería ser destituida por abandono del cargo”. Él agrega que mientras no haya sentencia ejecutoriada no hay lugar a suspensión de derechos y no puede ser sustituida totalmente por su alterna. Ayer, las redes sociales fueron el escenario de varias críticas para la bancada legislativa de País, la Asamblea y Esperanza G. por el pago de su sueldo. Se comparó con el caso de la opositora Magali Orellana.
La legisladora de Pachakutik fue sancionada por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) a 30 días de suspensión sin paga por “protagonizar incidentes violentos en las sesiones del pleno, y maltratar de palabra o de obra a los asambleístas o funcionarios de la Asamblea Nacional”.
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