Una acción de protección para revocar el alza del tributo fue planteada por tres concejales.
 
En este 2016 el pago del impuesto predial urbano y rural sorprendió a los contribuyentes en Loja, debido a la notable alza en relación a años anteriores, en algunos casos de hasta 6 veces más, lo cual no solo generó admiración sino un rechazo creciente que tuvo eco en el Concejo Cantonal de Loja.
 
Según la concejala Karla Suing desde que esto sucedió iniciaron gestiones ante la Alcaldía para que se regulen los montos a través de una ordenanza, sin embargo, dice que al agotarse todas las instancias administrativas no hubo una respuesta favorable, lo cual los llevó a presentar una acción de protección constitucional conjuntamente con los ediles Víctor Samaniego y Mercy Jaramillo.
 
La concejala Suing recordó que es una obligación de los gobiernos autónomos descentralizados el revisar los catastros y la valoración del suelo, así como que se creen los instrumentos necesarios para informar a los ciudadanos sobre estos procedimientos. Adicionalmente, dijo que el Municipio debía poner en conocimiento del Cabildo el estudio técnico para su aprobación y comunicar al público el valor del incremento, pero eso no ha ocurrido.
 
Álvaro Reyes, abogado del Consorcio Jurídico Espinoza, Reyes & Ruiz, que han asumido esta acción de protección constitucional, asegura se trata de un caso en el que un funcionario público viola la Constitución, saltándose el debido proceso al modificar el plano de valores catastrales urbanos y rurales sin decisión del Cabildo, por lo que dijo esperar que se deje sin efecto esta decisión a partir 1 de enero de 2016.  
 
Reyes, quien se desempeñó como Procurador Síndico del Municipio al inicio de la administración de José Bolívar Castillo, espera que se ordene una medida de reparación con lo cual se podrán realizar trámites individuales para que los valores pagados en exceso sean devueltos a los ciudadanos.
 
Al ser la acción de protección constitucional de carácter urgente, se espera que la primera audiencia se realice en una semana, mientras que en caso de presentarse una apelación a lo que se resuelva, se podría tener un resultado final en 15 días más.
 
En este caso el proceso no suspendería la decisión administrativa, es decir no se dejaría de cobrar el impuesto predial, pues según Reyes en este caso únicamente se ha planteado acción de protección y no se han solicitado medidas cautelares. (CAB)
 
“Esta medida no es extemporánea, porque presentar una solución de este nivel va a permitir dar una solución a la ciudadanía”
Mercy Jaramillo
Concejala
 
“Es ilegal esta valoración del suelo y es por eso que presentamos este amparo constitucional”
Víctor Samaniego
Concejal
 
Tome nota
El alcalde del cantón José Bolívar Castillo se negó a referirse al proceso al ser consultado por este medio de comunicación, señalando “que vayan a pelear con otro, yo no tengo tiempo para eso”.  
 
Garantía constitucional
La Acción de Protección, es una garantía constitucional contemplada en nuestra actual Constitución del Estado Ecuatoriano en su Art. 88, la cual como concepto básico considera que es la facultad de defensa que posee cualquier persona o sujeto de derecho, dentro de la forma de acudir a ejercer la reclamación a los órganos jurisdiccionales legalmente establecidos y ante los diferentes jueces donde se origina tal violación de los derechos legales, dando con ello cumplimiento al fin superior que pretende la sociedad, garantizando la justicia, la paz y la seguridad.
 
La acción de protección busca remediar de manera urgente derechos constitucionales violentados en su procedimiento; es un trámite sencillo, breve y sumario; evita un perjuicio irremediable; es preferente, su tramitación es con carácter de urgente; y, por el hecho de ser sumario direcciona al juez a conocer del juicio propuesto.
 

Fuente: La Hora

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