A los policías beneficiados ya no habrá cómo juzgarles por los hechos que se les imputaba.
 
La jueza Ana Lucía Cevallos dictó la prescripción de la acción penal a favor de 38 policías que estaban siendo procesados por el presunto delito de paralización de servicios públicos, como consecuencia de los hechos del 30 de septiembre de 2010, en el sector de Quitumbe, en el sur de Quito.
 
Este proceso penal se inició con el Código Penal anterior el 24 de septiembre de 2015, en contra de 14 uniformados; es decir, seis días antes de que prescriba la acción. Luego, con fecha 18 de diciembre de ese mismo año, el fiscal Esteban Ballesteros vinculó al proceso a 37 uniformados y, el 15 de enero de 2016, ligó a una persona más, con lo que se completó un total de 53 procesados.
 
El supuesto delito
El delito de paralización de servicios públicos estaba tipificado en el artículo 158 del Código Penal anterior, el que preveía una pena de ocho a 12 años de reclusión; mientras, que en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), la misma infracción es sancionada con una pena de tres a cinco años de privación de la libertad.
 
Aplicando el principio de favorabilidad, estipulado en el COIP, en este caso se les debe aplicar la pena menos severa.
 
Durante la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, que inició el 11 de julio, Vladimir Porojnia Miño, abogado defensor de un grupo de procesados, hizo notar que la acción para perseguir el delito a los 38 procesados que fueron vinculados después de la audiencia de formulación de cargos del 24 de septiembre de 2015, ha prescrito.
 
Para probar su afirmación, solicitó a la Jueza que por Secretaría se le certifique el tiempo transcurrido desde el 30 de septiembre de 2010 hasta el 18 de diciembre de 2015, recibiendo como respuesta que han pasado cinco años, dos meses y cinco días y, para la segunda vinculación, de 15 de enero de 2016, pasaron cinco años, tres meses y 15 días.
 
Con estos elementos y en función de lo que dispone el artículo 101 del Código Penal (tratándose de delitos reprimidos con prisión, la acción para perseguirlos prescribirá en cinco años), solicitó que se declare la prescripción de la acción penal para todos procesados que fueron vinculados al proceso.
 
La jueza Ana Lucía Cevallos se tomó 24 horas para resolver y ayer anunció oralmente que ha prescrito la acción penal para los 38 procesados.
 
Respecto de los restantes 14 procesados, el fiscal Jacinto Tibanlombo, quien reemplazó a Ballesteros, solo acusó a cuatro de ellos y hoy en la reanudación de la audiencia, la jueza Cevallos deberá anunciar si acepta el pedido de llamamiento a juicio. (LC)
 
Los hechos investigados
Este proceso penal se inició en función de un parte informativo del 17 de  diciembre de 2010, en el que se hizo conocer de las novedades suscitadas en las inmediaciones de la terminal terrestre de Quitumbe, sur de Quito.
 
Básicamente se informó de incidentes y cierre de algunas vías aledañas al sector, en solidaridad con los hechos que ese día sucedieron en el Regimiento Quito No. 1. El cierre de la terminal terrestre se habría dado por el lapso de una hora, luego de lo cual, todo habría retornado a la normalidad.
Fuente: La Hora 

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