Las entidades no tuvieron clientes y multiplicaban gastos. El ahorro anual se calcula en USD 3 millones.
 
Las posibilidades que se crearon con la aprobación de la Ley Orgánica de Empresas Públicas sedujeron al Gobierno Provincial de Loja en la administración de Rubén Bustamante, que adaptó los departamentos encargados del riego, la vialidad y el fomento productivo a este innovador modelo que resultó ser un fracaso, pues a más de no conseguir contratos externos, multiplicaron funciones y gastos operativos a la institución. Por eso ahora desaparecerán.
 
El prefecto Rafael Dávila indica que la idea de una empresa pública es que sea autosustentable, pero en el caso de Vialsur, Ridrensur y Deprosur eso nunca ocurrió, pues no generaron ingresos para sustentar sus gastos, sino que dependían exclusivamente del dinero del Gobierno Provincial.
 
Estos fondos iban destinados a cosas innecesarias como el pago de arriendos de edificios particulares cuando podían permanecer en la entidad o al pago de personal para el departamento financiero, administrativo, de talento humano, jurídico, de planificación  y comunicación de cada empresa, es decir una estructura burocrática con la que siempre contó el GPL.
 
Además generaban un perjuicio económico a la entidad porque la ley no les permite a las empresas públicas recuperar Impuesto al Valor Agregado (IVA) como sí lo permite a los gobiernos autónomos, por lo que se calcula pérdidas de dos millones de dólares anuales solo en esto, dice Dávila.
 
En la actual administración de la Prefectura se optó por terminar los arriendos y asumir desde la administración central las adquisiciones de insumos y contrataciones para evitar más derroche, lo cual se complementará ahora con la liquidación de Ridrensur y Deprosur, que comenzó este lunes tres la aprobación de las ordenanzas de cierre por parte de la Cámara Provincial.
 
Únicamente se mantendrá la empresa pública de vialidad, con una estructura mínima, dejando de esta manera una puerta abierta para tratar de conseguir en el futuro un contrato con el Estado. La liquidación tomará 90 días, lo que no implica que los servicios  de mantenimiento vial rural, obras civiles, riego, gestión ambiental, fomento y desarrollo productivo dejen de funcionar.
 
El recorte de funcionarios es inminente pero en gran parte se trata de personal contratado y de nivel jerárquico superior, que es de libre nombramiento y remoción, por lo que no tendrá costo para la entidad. En cuanto a los recursos materiales serán transferidos a la Prefectura. Este proceso permitirá un ahorro de 3 millones de dólares anuales al GPL que serán destinados a la inversión en riego y vialidad. (CAB) 
 
“Estas unidades históricas de la prefectura nunca estuvieron preparadas para ser empresas”
Rafael Dávila
Prefecto de Loja
 
Tome nota
Nunca se contrató un estudio o una consultoría que determine las razones por la que convenga abrir estas empresas públicas.  
 
El dato  
De las tres empresas del GPL, solo Ridrensur obtuvo un contrato para la construcción del Sifón de Limones, sin embargo la ejecución del proyecto se debió subcontratar.
 

Fuente: La Hora

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