La Ley de Plusvalía (o Ley para Evitar la Especulación en el Precio de la Tierra) llegó ayer por la tarde a su recta final.

Hacia las 16:00 el asambleísta ponente Richard Calderón (Alianza PAIS) describió los principales cambios introducidos entre el primero y segundo debates. Entre ellos constan la inclusión de un posible pago por minusvalía (lo contrario a la plusvalía) provocada por obra pública, que deberá ser implementado por parte de los municipios, la exoneración del impuesto a las viviendas de interés social y una ampliación de los destinos que tendrá la recaudación del tributo por parte de los cabildos.

Calderón también sostuvo que el diferimiento del pago del impuesto a las ganancias extraordinarias para las mineras se mantiene. Esto, pese a que incluso dentro del bloque de Alianza PAIS se había planteado que no se dé dicha flexibilización tributaria.

En cuanto al destino de la recaudación del impuesto, Calderón explicó que en el primer debate constaba que serviría para agua potable y alcantarillado, sin embargo, en caso de que un municipio tuviera cubiertos estos servicios se destinaría a obras de saneamiento y vivienda social.

René Yandún (movimiento Integración Democrática de Carchi), por su parte, calificó a la ley como inconstitucional, ilegal y aseguró que perjudica al ciudadano.

Henry Llanes (reemplazo de Andrés Páez) criticó la norma y advirtió que lo que buscaría el Gobierno es que ante la falta de liquidez, los gobiernos seccionales busquen autofinanciamiento a base de este impuesto y la exigencia de realizar el catastro a precio comercial.

En tanto que el oficialista Virgilio Hernández, quien defendió la norma, pidió introducir en esta ley una reforma a la Ley de Solidaridad, en la cual por error se había eliminado la fórmula para el cálculo de un anticipo al impuesto a la renta de las personas naturales.

El debate duró más de dos horas. A las 18:40 se aprobó la ley con 79 votos afirmativos, 27 en contra (incluidos Christian Viteri y Verónica Rodríguez de AP) y una abstención de Estela Acero, también de AP. El mes de plazo para tratar esta ley urgente vencía esta semana. (I)

26
días se cumplieron ayer desde que correa envió el proyecto.

 

Fuente: El Universo

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