Diego Pozo, abogado de la Asociación Nacional de Servidores Penitenciarios del Ecuador (Asoserpen),informó este martes 16 de enero de 2024 que la Unidad de Mujer, Niñez y Adolescencia de la parroquia Mariscal Sucre aceptó el habeas corpus presentado la semana pasada. Se lo hizo para solicitarle al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) que proteja la integridad física, psicológica, sexual y la vida de los uniformados.

La medida fue adoptada en medio de la ola de violencia que azota al país que incluyo la retención de los agentes peniteciarios y la intervención de la Policía y Fuerzas Armadas en las cárceles.

En una entrevista con Ecuavisa.com, el jurista manifestó que Nancy Altamirano, jueza de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, emitió la sentencia resolutoria, mediante la cual se aceptó el recurso de habeas corpus interpuesto.

En la resolución se indica que el SNAI deberá mejorar las condiciones laborales y de seguridad para los servidores del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria. La idea es que ya no exista situaciones que generen riesgo a su integridad personal y su dignidad humana en el ejercicio de sus funciones dentro de los centros de rehabilitación carcelaria y en apego a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

Además, se delegó el seguimiento del cumplimiento de la sentencia a la Defensoría del Pueblo. «Así se verificó la vulneración de derechos de los servidores penitenciarios», dijo Pozo a Ecuavisa.com. Deben darles atención médica y psicológica que hasta ahora no reciben.

Reiteró que hubo omisión del Estado por la falta de garantías para los servidores penitenciarios y deben crearse los lineamientos para garantizar la vida, integridad psicológica y sexual.

Fuente: Ecuavisa

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