La jueza penal de Pichincha Karen Matamoros decidió este miércoles llamar a juicio a los 18 procesados por el delito de cohecho dentro del caso de corrupción que habría ocurrido al interior de la empresa pública Petroecuador, entre 2011 y 2014.

En casi hora y media de lectura de la resolución, la jueza Matamoros dictó auto de llamamiento a juicio con las mismas presunciones de participación en el delito de cohecho que Zúñiga definió en la argumentación de su dictamen: 13 autores y cinco coautores. Ademas adecuó la conducta penal de los investigados en el artículo 280, inciso segundo, del Código Orgánico Integral Penal vigente.

Luego de la resolución judicial, José Burbano, abogado del exministro de Hidrocarburos Carlos Pareja Yannuzzelli adelantó que presentarán una denuncia de prevaricato contra la jueza por la falta de argumentación de sus actos durante esta fase del proceso.

En casi dos días, la semana pasada, el fiscal Zúñiga argumentó que los 18 implicados habrían participado en el delito al recibir y entregar «pagos irregulares», a través de empresas offshore registradas en Panamá, Suiza, Gran Bretaña, Estados Unidos y Bahamas. El dinero producto de las «coimas» habría sido depositado en cuentas internacionales que estarían a nombre de los procesados y sus familiares.

En la cima de la organización Zúñiga colocó a los exgerentes de Petroecuador: Carlos Pareja Yannuzzelli y Álex Bravo. El primero, según el fiscal del caso, era quien dirigía la organización y disponía los cobros y distribución de los dineros producto del ilícito; mientras que el segundo era el ejecutor, pues a la cuenta de la offshore Girbra S.A., de la cual Bravo era el único beneficiario, llegaban los dineros del ilícito y luego los distribuían a diferentes personas que participaban en la infracción.

Un aproximado de 13 millones de dólares sería el monto de las transferencias que habrían realizado al menos seis empresas contratistas de Petroecuador a la cuenta de Girbra en el Helm Bank Panamá.

De los trece procesados como autores del delito de cohecho, cuatro fueron funcionarios petroleros y el resto son contratistas de Petroecuador. Mientras que entre los cinco acusados como coautores están la esposa, la madre y el padrastro de Bravo; y el hijo y la hermana de Pareja Yannuzzelli.

Estos cinco últimos procesados eran parte del dictamen abstentivo emitido por el fiscal Segundo Tibanlombo, quien participó en la mayor parte de esta investigación por cohecho, que beneficiaba a siete de los 18 implicados. Por una presunta falta de argumentación en este dictamen, él fue suspendido por el Consejo de la Judicatura y se le abrió un sumario disciplinario.

Lorena Grillo, abogada de Javier B., criticó el hecho de que las defensas de los procesados hayan tenido que presenciar la utilización de tres figuras penales, derivadas del delito de cohecho, para acusar a los distintos involucrados en el caso.

La jueza Matamoros concluyó deseando suerte a los abogados en la siguiente fase del juicio y advirtiendo que el 17 de febrero próximo caducará la prisión preventiva de Javier B. (I)

 

Fuente: El Universo

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