Con un recuento de casi dos horas de los hechos y actos que vincularían al exgerente de Petroecuador Álex Bravo, con el presunto delito de cohecho que habría ocurrido en la estatal de petróleos de Ecuador, entre los años 2012 y 2015, es como continuó ayer el tercer día de audiencia dentro del denominado caso Capaya.

Un día antes, el fiscal Juan Carlos Zúñiga emitió su dictamen acusatorio contra los 18 procesados en esta causa: trece en calidad de autores y 5 como coautores. Dentro de su fundamentación inicial, Zúñiga colocó a Bravo y a Carlos Pareja Yannuzzelli, también exgerente de Petroecuador, a la cabeza de lo que él calificó como una «organización».

En la individualización de los hechos, el fiscal indicó que Bravo, por disposición de Pareja Yannuzzelli, a más de recibir depósitos de contratistas en cuentas en el extranjero, a nombre de empresas off shore, también realizaba transferencias a sus familiares, a familiares de servidores públicos involucrados, y terceros relacionados con contratistas.

Un reporte de la Unidad de Análisis Financiero habría dado origen a la indagación que determinó, meses después, con la ayuda de una asistencia penal internacional de Panamá, que Bravo mantenía cinco off shore en ese país. Dentro del directorio de estas empresas se repetían los nombres de la esposa, la madre y el padrastro del exgerente.

Girbra S. A. es una de las empresas en la que Bravo sería el único beneficiario. A través de cuentas bancarias relacionadas con esta off shore contratistas de Petroecuador habrían depositado cerca de $13 millones. Bravo habría ocupado en Petroecuador cargos como gerente general, administrador de contratos, coordinador de proyectos en la Refinería de Esmeraldas, entre otros.

Para Diego Velasco, abogado de Bravo y tres de sus familiares investigados, el que el fiscal Zúñiga hable de una organización o de una asociación en el caso son elementos del tipo penal que no se encuentran contemplados dentro del cohecho. A su decir, la acusación fiscal no guarda lógica con el delito de cohecho que se les pretende imputar.

«El fiscal está fundamentando desde una óptica diferente por la cual se nos ha imputado. Si nos quieren investigar que nos investiguen, pero que se lo haga por el tipo penal o por las presuntas acciones que pudiéramos haber cometido. No existe contundencia jurídica por parte de Fiscalía al usar estos elementos dentro de la investigación para fundamentar una acusación por cohecho», dijo .

El abogado de Pareja Yannuzzelli, José Burbano, criticó también la fundamentación que hizo Zúñiga. Él aseguró que el fiscal no puede basarse simplemente en presunciones para decir que su defendido es el que dirigía la organización.

Aclaró que al estar frente a un delito de cohecho, hablar de una organización desde la Fiscalía haría entender que se investiga otro tipo penal.

Burbano explicó que si bien el fiscal los está acusando por el artículo 280, inciso tercero, del Código Orgánico Integral Penal vigente, que habla del cometimiento del cohecho con el fin de alcanzar otro delito, él afirma que está a la espera, al igual que los otros defensores, que Zúñiga identifique ese otro delito que señala el articulado usado.

Hasta este medio día, la individualización que realiza Zúñiga de los hechos y acciones en los que estarían relacionados los procesados, solo ha alcanzado a cinco de los 18 acusados. Para la tarde se espera tratar -desde Fiscalía- un par de casos más antes de que la audiencia se suspenda nuevamente y se retome mañana viernes.

 

Fuente: El Universo

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