Tres años y dos meses después del inicio de este período legislativo, la Asamblea Nacional tramita su primer pedido de juicio político.
Bayron Pacheco (Avanza) presentó ayer ante la Presidencia de la Asamblea un pedido de enjuiciamiento contra Augusto Espinosa, ministro de Educación. Lo señalan por no asegurar la infraestructura educativa.
El documento tiene la rúbrica de 36 asambleístas. El legislador por Cañar espera que este juicio no demore en tramitarse, pues es el único. “Por el bien de la democracia, esta Asamblea debe dar muestras, aunque sea al último, de que sí se ha podido fiscalizar”.
Desde el 2013, los legisladores han hecho 4 300 pedidos de información a distintas entidades y funcionarios públicos. Hubo respuestas a 3 682, pero esa información no terminó en procesos de fiscalización, como juicios políticos.
En la Asamblea 2009-2013 se tramitaron 21. Un 95% más que en la actual. Pero en la mayoría de casos, la Comisión de Fiscalización determinó que no había pruebas para avanzar en esos juicios políticos. La presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, deberá poner el caso de Espinosa en consideración del Consejo de Administración Legislativa (CAL). Esta instancia tendrá un plazo de tres días para verificar el cumplimiento de los requisitos y calificar el inicio del trámite. Luego, se enviará la solicitud a la Comisión de Fiscalización.
Dentro de cinco días se verificará la constitucionalidad del pedido. Si considera que no hay bases, se archivará. Caso contrario, la Comisión remitirá un informe a la Presidenta y ella deberá incluir su tratamiento en una sesión del Pleno, en un plazo de cinco días.
Esta instancia resolverá si se absuelve o se censura y destituye a Espinosa. María José Carrión, presidenta de la Comisión de Fiscalización, prefiere no pronunciarse sobre este caso hasta que el informe del CAL llegue a su despacho. Y sobre la ausencia de pedidos de juicio político y efectividad de la fiscalización, dijo que es importante la cantidad de pedidos de información que se han hecho. Eso marca -agregó- la productividad fiscalizadora de los asambleístas, pese a que estos no terminen en juicios políticos por falta de pruebas. Henry Cucalón (PSC) también advierte que no toda fiscalización necesariamente debe llegar a un enjuiciamiento.
Los pedidos se pueden dar para aclarar o transparentar acciones de funcionarios públicos. Sin embargo, asegura que en este período se han dado casos que, en su criterio, merecían esta instancia, pero que el oficialismo “no lo ha permitido”.
Puso como ejemplo la polémica por los terrenos de Los Samanes entre el Ministerio del Ambiente y el Issfa. El oficialista Gabriel Rivera, expresidente de la Comisión de Fiscalización, dijo que los pedidos de información han permitido prevenir los pedidos de enjuiciamiento sin tener pruebas y que esto genere un “show mediático”.
En el Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de la Función Legislativa presentado por Gabriela Rivadeneira, que fue calificado por el CAL, y que se encuentra en trámite se propone que todos los pedidos de información sean tramitados por la presidencia de la Asamblea Nacional.
Esta reforma no es bien vista por los legisladores de oposición. Patricio Donoso, de Creo, considera que esto quita autonomía a los asambleístas, puesto que la actual Presidenta o los futuros presidentes cuidarán los intereses de los funcionarios afines a su partido.
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