Tienen dudas respecto al pago de su remuneración. CIFI expone su posición. 
 
Son alrededor de 300 los profesionales que tienen contrato desde el pasado primero de marzo, hasta el 31 de diciembre, para ejercer la docencia en la Universidad Nacional de Loja (UNL), pero se mantienen en la incertidumbre respecto a la legalidad de su contratación y el pago de remuneraciones.
 
Esta situación ha generado un nuevo ambiente de confrontación entre las autoridades de la UNL y la presidencia de la Comisión Interventora de Fortalecimiento Institucional (CIFI), con advertencias incluidas.
 
Mientras Franco Jaramillo, en calidad de asesor general de la UNL, enfila sus críticas en contra de la CIFI, porque considera que es incomprensible el accionar y pretensiones de ese organismo; el presidente de la CIFI, Patricio Noboa, enfatiza que es necesario entender que la universidad está intervenida integralmente, lo que incluye los aspectos académico, administrativo y financiero.
 
En derecho
De acuerdo con Jaramillo, en la UNL “jamás han dejado de aplicar las disposiciones, que legalmente, está facultada la Comisión Interventora para dictarlas”.
 
Sin embargo, de acuerdo con el asesor, la CIFI está interpretando “a su antojo y conveniencia” las disposiciones legales vigentes.
 
Jaramillo menciona que el reglamento de intervención de universidades y escuelas politécnicas es claro y señala que el presidente de la CIFI “podrá dar o no visto bueno a las designaciones de autoridades académicas y servidores administrativos”. A criterio del asesor, en caso de una negativa debería presentarse la motivación para esa decisión.
 
Además menciona que hablar de “designación” es muy distinto a “contratación” y por ello sostiene que en el reglamento tendría que estar establecido que “para contratar también se necesita el visto bueno de la CIFI”, aspecto que no consta de esta forma.
 
Jaramillo señala que quienes han sido contratados por el rectorado, cumpliendo con los requisitos, tendrán que recibir su remuneración, pero alertó que oponerse a esa contratación podría generar consecuencias legales.
 
Intervención
Patricio Noboa enfatiza que la comisión interventora busca regularizar el funcionamiento de la UNL y su fortalecimiento.
 
El presidente de la CIFI expone que todas “las actividades de carácter académico, administrativo y financiero, todos los actos administrativos que se generen desde las autoridades tienen que contar con el visto bueno”.
 
Un aspecto que deja claro Noboa, es que por el proceso de intervención la UNL, sus autoridades, requieren el visto bueno para la contratación, porque así lo establece también la Medida Urgente 001 que está vigente y no impugnada.
 
El interventor además menciona que lo único que ha hecho es poner un aviso, en función de cumplir la Constitución y la Ley Orgánica de Contraloría, que señalan que los funcionarios tienen responsabilidades por acción u omisión.
 
“No quiero omitir nada y por eso advierto que debería contar con el visto bueno, sino carecerán de valor esas decisiones y podrían tener responsabilidades”, señala Noboa.
 
A criterio del interventor, hecha la advertencia, si las autoridades de la UNL dicen que no necesitan el visto bueno, están en libertad de no solicitarlo y ejercer su atribución.  Noboa también aclaró que no le han solicitado el visto bueno. (OGS)
 
Incertidumbre
Felipe Solano, contratado para la Unidad de Educación a Distancia, asevera que legalmente la CIFI no tendría que dar un visto bueno a sus contratos, porque esto le corresponde a la autoridad nominadora que es el rector. El docente también recalca, que al existir un contrato, que es ley para las partes, deberá proceder a cancelarse la remuneración correspondiente.
 
Lenin Paladines Paredes está laborando desde el primero de marzo, contratado a través del rectorado, y asevera que está listo para el inicio de clases. Sobre su situación, dice, ha cumplido con los requisitos legales para ser contratado y espera que no existan trabas, porque caso contrario los estudiantes se verían perjudicados.  
 

Fuente: La Hora

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