Varios miles de personas se congregaron el martes 3 de octubre de 2017 en el exterior de la sede de la Policía Nacional española en Barcelona para protestar por la supuesta brutalidad de los agentes durante un polémico un referéndum secesionista que dejó cientos de heridos.
Los manifestantes corearon consignas en las que se identificaba a la policía española como una “fuerza de ocupación” y se pedía su salida de la región del noreste del país.
La protesta coincidió con el llamado de varios pequeños sindicatos y grupos proindependentistas a celebrar paros parciales o totales en toda la región mientras los políticos ponderaban una posible declaración de independencia unilateral dos días después de la consulta, que estuvo marcada por la violencia y que el gobierno de España considera ilegal e inválida.
“La gente tiene rabia, mucha rabia”, dijo Josep Llavina, trabajador autónomo de 53 años y que viajó a la capital catalana desde una localidad cercana para participar en la protesta.
“Han traído la violencia con ellos. Han atacado a gente que tenían las manos abiertas y arriba. ¿Cómo no podemos tener rabia en esta situación”, agregó.
Los manifestantes llegaron a la zona de la protesta a pie, caminando por bulevares vacíos y calles cortadas por la policía municipal, mientras los turistas los observaban en la distancia.
Los disconformes bloquearon varias calles en la ciudad y los servicios de autobús y taxi se vieron afectados.
La huelga no contaba con el apoyo de los dos principales sindicatos del país, UGT y CCOO, y no hubo reportes de problemas en las grandes industrias ni el aeropuerto de Barcelona.
Los estibadores protestaron en el exterior de la sede regional del Partido Popular, que gobierna el país, mientras los bomberos tienen previsto manifestarse ante la delegación del Ministerio del Interior en Barcelona. Las protestas se celebran también en el exterior de los centros de votación donde la policía actuó por la fuerza para intentar evitar la celebración de la consulta.
Más de 890 civiles fueron tratados por lesiones, la mayoría de ellas leves, tras enfrentamientos con las autoridades el domingo, según responsables sanitarios de Cataluña. Los agentes emplearon bastones, y algunos dispararon pelotas de goma, para tratar de desalojar a quienes querían votar en la consulta. Según el Ministerio de Interior español, 431 policías nacionales y guardias civiles sufrieron lesiones.
La actuación de las fuerzas de orden generó críticas en todo el mundo, aunque la Unión Europea y la mayoría de los gobiernos respaldaron la posición de España en la crisis política más grave de las últimas décadas en el país.
Nigel Farage, uno de los principales defensores de la salida de Gran Bretaña de la UE, criticó al bloque por no condenar claramente la violencia policial.
“Es bastante extraordinario darse cuenta de que la Unión está dispuesta a hacer la vista gorda”, dijo Farage a legisladores comunitarios.
Chipre señaló por su parte que debe defenderse la soberanía nacional y la integridad territorial de España, alegando que el referéndum sobre la independencia de Cataluña se celebró “violando” la Constitución española.
