El vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas pidió el miércoles investigar todo y a todos quienes tuvieron relación con los contratos de la empresa brasileña Odebrecht, que admitió haber entregado unos $ 33.5 millones en coimas a funcionarios públicos en el país.
Glas, que voluntariamente pidió ser recibido en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, dijo “he venido a dar la cara y hablar con la verdad” porque “al igual que cada uno de ustedes tengo derecho a la honra… Mis manos están limpias”, aunque no dio más detalles sobre el caso.
Advirtió que “hay que entender la envergadura de lo que estamos enfrentando: una mafia internacional llamada Odebrecht” que se ha extendido en 12 países, cuyas prácticas de corrupción tampoco fueron detectadas mientras usaba el sistema financiero de Estados Unidos.
Durante la campaña política que llevó al poder al presidente Lenín Moreno, Glas, reelecto en el cargo en la elecciones generales de este año, fue denunciado por la oposición política como parte de la red de corrupción de la compañía brasileña, lo cual ha negado insistentemente.
“Si alguien quiere seguir difamándome le desafío públicamente a que vaya a la fiscalía” con pruebas y si no puede probarlas “pediré judicialmente a que se determine daños y perjuicios, porque a pesar de las investigaciones el lodo está tirado”, expresó.
Añadió que fue víctima de una campaña de destrucción de imagen orquestada, programada con el apoyo de ciertos medios de comunicación como parte de un proceso de desestabilización político.
La comparecencia se produjo horas después de la renuncia a su cargo del contralor General de Ecuador, Carlos Pólit, investigado por la fiscalía por presuntos vínculos con la red de corrupción de Odebrecht.
Pólit fue con permiso médico a Miami desde finales de mayo, días antes de que la Fiscalía allanara sus propiedades. En la misma operación también detuvo a un tío segundo del vicepresidente Glas y se intervinieron 18 propiedades en tres ciudades.
El Fiscal General, Carlos Baca, ha viajado a Brasil y Panamá siguiendo el rastro de las coimas entregadas a cambio de la adjudicación de obras.
Por el caso permanece en prisión el exministro de Electricidad, Alecksey Mosquera, y un empresario acusado de actuar como testaferro para la transferencia de un millón de dólares por parte de Odebrecht. La fiscalía también revisa unos 30 contratos suscritos por esa firma con el Estado ecuatoriano entre 1980 y 2015 para verificar las condiciones en que fueron otorgados.
El gobierno del expresidente Rafael Correa (2007-2017) impulsó proyectos por alrededor de $ 1.600 millones con Odebrecht.
