El nuevo bloque legislativo de Alianza PAIS presentaría la propuesta normativa para aplicar la disposición de que para “desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público se establezca como prohibición tener bienes o capitales de cualquier naturaleza en paraísos fiscales”.
Esto se aprobó a través de una consulta popular que se realizó el 19 de febrero pasado, junto a las elecciones generales. Según el conteo oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE), hasta el cierre de la edición, por el Sí votó el 55,11% de ecuatorianos y por el No, 44,89%.
Esta es la cuarta consulta que realiza Rafael Correa en sus diez años de mandato. Hubo otras en el 2007, 2008 y 2011, por diferentes temas. En todas ganó el oficialismo.
El considerando de la pregunta da el plazo de un año, contado a partir de la publicación de los resultados, para que la Asamblea reforme la Ley Orgánica de Servicio Público, el Código de la Democracia y otras leyes pertinentes.
En ese tiempo, los servidores que tengan bienes en paraísos fiscales deben acatar el mandato popular.
La legisladora oficialista Gina Godoy, miembro de la Comisión de Justicia, explicó que la tarea es para la nueva Asamblea, y su primera obligación es debatir en un año el proyecto legal, a través de un “procedimiento ordinario”.
“Me atrevo a predecir que como nosotros somos los proponentes como tienda política, la nueva bancada puede presentar la propuesta o puede ser una iniciativa de movimiento político…”, indicó ella.
Godoy opinó que en la Ley de Servicio Público y en el Código de la Democracia podrían incluirse como “recomendación: hacer una declaración juramentada para decir que no se tienen inversiones en paraísos fiscales, como en el caso de la declaración de patrimonio, y ahí deberá decirse ‘no tengo fortunas, ni compañías en estos paraísos fiscales’”.
El Servicio de Rentas Internas (SRI) calificó, en una resolución del 28 de enero de 2015, a 86 países como paraísos fiscales, al considerarse su “baja o nula imposición, normas de secreto para evitar el intercambio de información, falta de transparencia en disposiciones legislativas, jurídicas o administrativas, y que su legislación requiera, para acogerse a los beneficios, que no exista presencia económica en su territorio o no se requiera sustancia económica para los mismos fines”.
El excontralor Marcelo Merlo señaló que “esto se va a prestar para que se juegue con el concepto de paraísos fiscales, además que será complicado que la gente demuestre que no tiene recursos en ellos”.
Para él, lo “importante es que los funcionarios no roben”, y la eficacia de esas regulaciones funcionaría con leyes anticorrupción más estrictas.
“Necesitamos reformar muchas leyes como la de Contratación Pública, la ley que norma la declaración que se hace al comienzo final de cada nombramiento en el sector público; ampliar el área de vinculación de los testaferros, no solo al cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, ¡no, sino mucho más!”, dijo.
Medardo Oleas, expresidente del extinto Tribunal Electoral, señaló que la consulta “no tiene ninguna trascendencia”.
“No tiene ninguna implicación, porque cuando se califica a un país como paraíso fiscal, solo tiene efectos para el Ecuador, y lo importante sería que a nivel internacional se pongan normas para detectar el lavado de dinero”, precisó.
Godoy reconoció que “no es un delito” tener capitales en los llamados paraísos fiscales, pero agregó que “esta condición es para entrar al sector público, ya sea como empleado o como actor político, porque si es empleado en una empresa privada no hay ninguna dificultad, ninguna restricción”. (I)
