El Ministerio de Exteriores de Panamá tiene 45 días para decidir sobre la extradición a Ecuador de Galo Lara, luego de que la Corte Suprema panameña dictaminara ayer que el exparlamentario debe permanecer en prisión preventiva durante ese periodo.
La audiencia «de control» celebrada este miércoles por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) fue solicitada por el Ministerio Público (MP, fiscalía general) de Panamá para determinar la legalidad de la detención del político ecuatoriano el pasado lunes.
La orden de prisión formal fue leída por el magistrado presidente de la Sala II Penal de la CSJ, José Ayú Padro, quien dijo que procedía la solicitud de legalización de la detención presentada por el MP porque ésta tenía «motivos legalmente justificados» y porque no se infringieron otros derechos de Lara.
Ayú Prado indicó que a partir de este jueves Lara permanecerá en prisión preventiva hasta que la Cancillería decida su extradición, lo que no excluye que pueda recurrir en contra de la misma ante la CSJ si se aprueba.
Tras conocer la decisión judicial y cuando le volvieron a poner las esposas tras la audiencia, Lara, quien fue sentenciado a diez años de cárcel como cómplice de un triple crimen ocurrido en agosto de 2011, alzó la mano y dijo: «me las pongo con orgullo».
El político llegó a Panamá en septiembre de 2013 y un mes después el Gobierno del presidente, Ricardo Martinelli, le concedió oficialmente el asilo territorial, pero en mayo pasado se lo retiró en una decisión inédita en la historia diplomática del país centroamericano.
El exlegislador aprovechó la audiencia para arremeter contra el presidente Rafael Correa, y aseguró que está en Panamá por haber denunciado sus actos de corrupción, y que si lo devuelven al país andino allí lo van a matar.
«Estoy acá por denunciar los actos de corrupción del presidente (Correa), y me quieren llevar a Ecuador para asesinarme», afirmó.
Añadió que él ha sido el único legislador que ha denunciado los actos de corrupción «con pruebas» ante el despacho de Correa, y que por esa denuncia, que hace desde hace 6 años, su vida «peligra».
Lara aseguró que Correa protegió a los funcionarios que cometieron corruptelas nombrándolos en el exterior, y que a él lo «criminalizó» en los medios de comunicación pidiendo el levantamiento de su inmunidad parlamentaria.
«Mis manos no están manchadas de sangre, estoy orgulloso de cumplir con mi misión de legislar, y si me vuelven a elegir vuelvo a denunciar la corrupción», expresó.
El pasado 21 de mayo, se informó que el Gobierno de Ecuador había tramitado una petición de extradición de Lara a Panamá.
La Cancillería panameña explicó el pasado 19 de mayo que revocó el asilo al político porque recibió «documentación» de Ecuador que «constató nuevos elementos procesales que dan plena certeza de la existencia de delitos comunes y no una persecución política» en su contra.
Sin embargo, en su intervención en la audiencia, el exlegislador ecuatoriano indicó que el hecho de que Correa enviara a Panamá a 14 funcionarios para extraditarlo, no fue por ser delincuente común.
«No, fue que revelé sus cuentas corrientes en Europa. Esa es mi lucha, y si de algo me puede acusar (Correa) es de haberme ganado el corazón de los ecuatorianos con mis denuncias», remarcó Lara.
Ante estas argumentaciones, Ayú Prado le aclaró que en la audiencia no se iba a decidir su extradición, sino solo el control de la legalidad de su aprehensión.
Uno de los abogados de Lara, Javier Quintero, explicó a periodistas que con el fallo emitido por la CSJ se formalizó la prisión preventiva de su defendido, lo cual significa, según el jurista, que no puede ser sacado de Panamá hasta que se cumpla con el proceso regular de la extradición.
Lara fue detenido por las autoridades panameñas en la provincia de Veraguas y trasladado a una sede policial en la capital, donde funciona la oficina de Interpol-Panamá y ha permanecido desde entonces.
Fuente: http://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/actualidad/67065-panama-tiene-45-dias-decidir-extradicion-ecuatoriano-lara
