Este 2 de octubre de 2018, el exvicepresidente de la República, Jorge Glas, cumple un año detenido en la cárcel 4 de Quito. Pero su sentencia, de diciembre de 2017, a seis años de prisión por asociación ilícita, dentro de la trama de sobornos de la empresa Odebrecht, no ha sido ejecutoriada y usa su último recurso de apelación.

Glas se entregó a la Justicia el 2 de octubre de 2017, fecha en que el juez Miguel Jurado ordenó su detención como medida cautelar, como parte del proceso por Odebrecht, que salpicó a las principales autoridades del Gobierno del presidente Rafael Correa.

Junto con el ex segundo mandatario, fue sentenciado su tío Ricardo Rivera, y además de la prisión, deben pagar una reparación integral al Estado de $14 millones.

Desde los exteriores de la cárcel 4, su abogado Eduardo Franco ratificó que Glas fue juzgado sin pruebas y con un Código Penal anterior. “Fue sentenciado sin ninguna sola prueba, han sido auditadas todas sus cuentas y sus movimientos financieros, es un perseguido político”.

Recordó que está a la espera de que se convoque a la audiencia de casación, para que se logre la nulidad “de esta sentencia absurda y que él recupere su libertad… Hasta ahora, el Tribunal de la Corte no se ha constituido, esto de por sí es una violanción a la Constitución”.

Además de la condena por asociación ilícita, Glas enfrentaría otros procesos por peculado, concusión, enriquecimiento ilícito, cohecho, delincuencia organizada, tráfico de influencias, lavado de activos y testaferrismo.

Hasta mayo de 2018, Glas tenía seguridad del Servicio de Protección Presidencial en la cárcel y recibe $4.000 mensuales como exvicepresidente.

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