La Procuraduría General de Ecuador rechazó este 6 de junio la negativa de la Corte Suprema de Justicia de EE.UU. a admitir un pedido de revisión de un fallo contra el país, por USD 96 millones, en un proceso iniciado por la petrolera Chevron en 2006, amparada en el Tratado Bilateral de Inversiones (TBI).
El procurador general del Estado ecuatoriano, Diego García, rechazó tal decisión ya que, según él, se mantiene el error de interpretación de un tribunal inferior, que favoreció a Chevron con base en el TBI, pese a que ese Tratado entró en vigor (1997) dos años después de que la petrolera terminara su relación con Ecuador.
Según García, con la negativa del Supremo de EE.UU., «se ha permitido que subsista el error de interpretación de los jueces inferiores que se negaron a aplicar la Ley de Inmunidad Soberana de los Estados Unidos, que les hubiese obligado a examinar la existencia de un Tratado de Protección de Inversiones que ampare a Chevron».
«De haberlo hecho, seguramente habrían encontrado la incongruencia de proteger una inversión que terminó antes de la vigencia del Tratado», subrayó García en un comunicado difundido por la Procuraduría en Quito.
Además, la Procuraduría recordó que el monto del fallo, USD 96 millones, está sujeto a una orden de embargo dictada por la Corte de la provincia de Sucumbíos, en favor de colonos e indígenas de esa región, que ganaron una multimillonaria demanda a la petrolera por daños ambientales causados en la selva.
Ese otro proceso, del cual no forma parte el Estado ecuatoriano, se refiere a la condena a la que fue sometida la petrolera en la corte de Sucumbíos, obligada en 2011 a pagar USD 9.500 millones de indemnización por los graves daños ambientales causados en esa región amazónica mientras operó en Ecuador entre 1964 y 1990.
Chevron reniega de esa sentencia a la que considera forjada y fruto de un complot en su contra, mientras los demandantes creen que la petrolera trata de incumplir sus responsabilidades ambientales en la Amazonía.
La decisión del Tribunal Supremo de EE.UU. es solo el último capítulo de uno de los mayores litigios medioambientales de la historia, que ya dura más de 20 años y en cuyo centro se encuentran los daños ambientales y sociales supuestamente ocasionados a la Amazonía ecuatoriana entre 1964 y 1990 por Texaco, que fue adquirida posteriormente por Chevron.
La decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos para hacer pagar a Ecuador USD 96 millones es definitiva, pero podría volver a ser estudiada por la corte si el Estado vuelve a traer el caso bajo otros términos.
